El Gobierno limita su intervención en asistencia a personas en situación de calle
El reciente cambio en la normativa social en Argentina ha provocado un debate significativo. El gobierno de Javier Milei ha tomado medidas que reconfiguran la responsabilidad sobre la asistencia a las personas en situación de calle, delegando gran parte de esta tarea a las provincias y municipios. Este enfoque busca un equilibrio entre el Estado nacional y las jurisdicciones locales, con la intención de optimizar recursos y mejorar la eficacia de las políticas sociales.
A través del Decreto 373/2025, publicado en el Boletín Oficial, se han establecido nuevas directrices que limitan la intervención directa del gobierno en la asistencia social. Esto ha generado inquietudes sobre cómo se gestionarán los problemas de vivienda y la protección de las personas en riesgo. La modificación de la Ley N° 27.654, que originalmente garantizaba el acceso a la vivienda, ahora establece que el rol del gobierno nacional será más de supervisión que de acción directa.
Nuevos lineamientos en la asistencia social
Con la implementación de esta medida, el Ejecutivo nacional se posiciona como un órgano rector. Se compromete a elaborar directrices generales y coordinar acciones, pero su implicación en la asistencia directa se limitará a situaciones donde las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carezcan de recursos suficientes. Este cambio busca que cada región tenga la capacidad de abordar sus problemáticas específicas, permitiendo una respuesta más adaptada a las realidades locales.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como nueva autoridad
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, liderada por Sandra Pettovello, será la encargada de coordinar las acciones entre distintas jurisdicciones. Este organismo también tendrá la responsabilidad de supervisar la utilización de los fondos que se transfieran en caso de que se requiera asistencia nacional. Este enfoque descentralizado pretende facilitar que las provincias diseñen sus propias estrategias, manteniendo siempre el respeto por los derechos humanos y los estándares constitucionales.
Implicaciones del Decreto 373/2025
Una de las modificaciones más significativas incluye la derogación del inciso a) del artículo 12 de la ley anterior, que obligaba a mantener todos los programas preexistentes. Según el Gobierno, esta disposición limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos. Con esta nueva normativa, se espera una mayor flexibilidad en la formulación de políticas sociales, permitiendo ajustes y optimizaciones necesarias para abordar de manera más eficaz las necesidades de la población vulnerable.
El Decreto 373/2025 no solo marca un cambio de enfoque en las políticas de asistencia social, sino que también representa un movimiento hacia un modelo de federalismo más pronunciado. Se busca que las provincias y municipios asuman un papel activo en la implementación de programas, mientras que el Estado nacional actuará como guía y coordinador.
En resumen, esta reestructuración de responsabilidades plantea un desafío en la asistencia a las personas en situación de calle. Es fundamental observar cómo se desarrollarán estas políticas en la práctica y qué impacto tendrán en la vida de quienes más lo necesitan.
¿Te gustaría profundizar más sobre este tema? Mantente informado y comparte este contenido con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. Juntos, podemos contribuir a un diálogo constructivo sobre la asistencia social en nuestro país.
